Pesca recreativa: una oportunidad que requiere reglas claras
El Río Chamiza y el Lago Chapo no son espacios secundarios para la comuna de Puerto Montt. Son parte de una cuenca estratégica, ambientalmente sensible y con un enorme potencial para el turismo de naturaleza y la pesca recreativa responsable. Por eso, su cuidado exige comunidad organizada, autoridades presentes, instituciones fiscalizadoras y responsabilidad de quienes han intervenido históricamente sus aguas.
El análisis sobre la pesca recreativa en la comuna de Puerto Montt debe poner especial atención en el Río Chamiza y el Lago Chapo. No se trata solo de dos espacios utilizados para la recreación o la pesca ocasional. Se trata de un sistema territorial de alto valor ecológico, cultural y comunitario.
Desde el valle del Río Chamiza se abre el acceso hacia un espacio asociado a la Reserva de la Biósfera Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes, una categoría que reconoce la importancia mundial de estos ecosistemas. El Parque Nacional Alerce Andino, ubicado en las comunas de Puerto Montt y Cochamó, forma parte de esta Reserva de la Biósfera y se extiende en la zona montañosa al sur del Lago Chapo.
El Lago Chapo, además, tiene una relevancia especial: es reconocido como el único lago ubicado dentro de los límites de la comuna de Puerto Montt, lo que lo convierte en un patrimonio natural estratégico para la capital regional.
La pesca recreativa puede ser una actividad positiva para Puerto Montt. Puede fortalecer el turismo de intereses especiales, abrir oportunidades para guías locales, alojamientos, emprendimientos rurales, educación ambiental y actividades de bajo impacto vinculadas al río, el lago, el bosque y la montaña.
Pero esa posibilidad depende de una condición básica: que la pesca se realice dentro de la ley.
La pesca recreativa en Chile está regulada por la Ley N° 20.256, y Sernapesca señala que esta actividad debe realizarse con aparejos de uso personal, sin fines de lucro, con fines de deporte, turismo o entretención, y respetando las medidas de conservación del ecosistema.
En el caso de la Región de Los Lagos, la temporada 2025-2026 tuvo medidas especiales para algunos cuerpos de agua, como los lagos Llanquihue, Rupanco y Puyehue, y los ríos Maullín, Pilmaiquén, Rahue y Puelo. Sin embargo, para el resto de ríos y lagos de la región, la temporada comienza en noviembre.
En el documento oficial de medidas de administración de pesca recreativa 2025-2026, el Río Chamiza y el Lago Chapo no aparecen individualizados dentro de las excepciones especiales. Por lo tanto, corresponde aplicar la regla general para otros cuerpos de agua, lagos, lagunas y cursos de agua de la Región de Los Lagos: temporada desde el segundo viernes de noviembre hasta el primer domingo de mayo del año siguiente, con un máximo de 3 ejemplares o hasta 15 kilos, uso de señuelo artificial y restricciones específicas de aparejos y horarios.
Para la temporada 2025-2026, esto significa que en Río Chamiza y Lago Chapo el periodo aplicable debe entenderse entre el 14 de noviembre de 2025 y el 3 de mayo de 2026.
Pesca ilegal: un daño directo a la biodiversidad
Toda pesca realizada sin licencia, fuera de temporada, con redes, con carnada no autorizada, con artes prohibidas o en horarios restringidos debe ser entendida como una práctica de pesca ilegal o furtiva.
No es una falta menor. Es una acción que afecta la reproducción de las especies, presiona ecosistemas ya intervenidos y debilita las posibilidades de construir una actividad turística seria y sustentable. Un territorio que normaliza la pesca furtiva pierde biodiversidad, pierde atractivo turístico y pierde capacidad de planificar su futuro.
Sernapesca ha informado que la fiscalización de la pesca recreativa corresponde al propio servicio, a la Autoridad Marítima y a Carabineros de Chile, además de guardaparques de CONAF, inspectores municipales e inspectores ad honorem acreditados.
Por eso, para el Río Chamiza y Lago Chapo se requiere un plan permanente de educación y fiscalización, no solo controles aislados. La comunidad puede ayudar informando, denunciando, identificando puntos críticos y promoviendo una cultura de cuidado. Pero las instituciones deben estar presentes, coordinarse y actuar.
Una cuenca ya intervenida por el proyecto hidroeléctrico Canutillar
La situación del Río Chamiza y el Lago Chapo no puede analizarse como si fueran ecosistemas sin presión. Su estado actual está profundamente marcado por la operación de la Central Hidroeléctrica Canutillar, asociada al uso de aguas del Lago Chapo.
Colbún presenta la central Canutillar como una unidad hidroeléctrica de embalse, puesta en servicio en 1990, con una potencia instalada de 172 MW y una generación equivalente al consumo aproximado de 150 mil hogares.
Pero esa generación eléctrica ha tenido costos ambientales. En mayo de 2025, el Tercer Tribunal Ambiental acogió una demanda por daño ambiental contra Colbún S.A., determinando que la operación de la central Canutillar produjo daño ambiental en el Lago Chapo y ordenando a la empresa presentar un plan de reparación.
En enero de 2026, la Corte Suprema confirmó la responsabilidad ambiental y mantuvo la obligación de presentar un plan de reparación, incluyendo la evaluación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como parte de las medidas reparatorias.
Este punto es clave: no se puede exigir responsabilidad solo a pescadores recreativos o vecinos, mientras se invisibilizan las grandes intervenciones sobre la cuenca. La pesca ilegal debe ser fiscalizada, pero también deben fiscalizarse con fuerza las actividades industriales que han alterado el equilibrio del lago, sus riberas, sus caudales y su paisaje.
Responsabilidad empresarial y beneficiarios de la intervención
También es necesario nombrar con claridad quién se beneficia de esta intervención. La Central Canutillar es operada por Colbún S.A., y la propia empresa informa que el Grupo Matte se convirtió en controlador de Colbún en 2005 a través de Minera Valparaíso S.A.
La memoria integrada 2024 de Colbún señala que el Grupo Matte controla el 50,01% de la compañía.
Por lo tanto, cuando se habla del estado actual del Lago Chapo y de los efectos del proyecto hidroeléctrico Canutillar, no se debe omitir que los beneficios económicos principales de esa operación se concentran en Colbún S.A. y su grupo controlador, el Grupo Matte, ligado a la familia Matte.
Comunidad, autoridades e instituciones: una tarea compartida
El cuidado del Río Chamiza y Lago Chapo requiere una estrategia integral.
La comunidad debe informarse, respetar la normativa, denunciar prácticas ilegales y defender el valor ambiental del territorio. Las autoridades deben fiscalizar, educar y generar presencia regular. Las instituciones públicas deben coordinarse, entregar información clara, instalar señalética, habilitar canales de denuncia y promover actividades compatibles con la conservación.
También se debe avanzar en una visión comunal de turismo de pesca recreativa responsable. Puerto Montt tiene condiciones privilegiadas: ríos, lagos, bosque nativo, cercanía a áreas silvestres protegidas, identidad rural y conectividad. Sin embargo, esa oportunidad solo será real si se protege el ecosistema.
La pesca recreativa puede transformarse en una actividad de alto valor para la comuna, pero no desde la informalidad ni desde la depredación. Debe construirse con guías locales, educación ambiental, monitoreo, buenas prácticas, devolución responsable, respeto de temporadas y fiscalización efectiva.
Cuidar la cuenca es cuidar el futuro de Puerto Montt
El Río Chamiza y el Lago Chapo deben ser entendidos como una unidad ecológica, social y territorial. Su protección no es solo una demanda ambientalista: es una necesidad para la biodiversidad, para las comunidades locales y para el futuro económico sustentable de Puerto Montt.
Regular la pesca, educar a visitantes y vecinos, fiscalizar la pesca furtiva y exigir responsabilidad a las grandes empresas que intervienen la cuenca son partes de una misma tarea.
No puede haber turismo sustentable sin ríos vivos. No puede haber pesca recreativa responsable sin fiscalización. Y no puede haber justicia ambiental si se sanciona solo al pequeño infractor mientras se invisibilizan las grandes intervenciones que han transformado el territorio.
