El pasado 10 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, campus Pelluco, se realizó una nueva edición del Debate Ambiental de Candidatos del Distrito 26, instancia convocada por organizaciones medioambientales del territorio y articulada por la Unión de Agrupaciones Ambientalistas de la Patagonia. Esta red territorial abrió un espacio para que las comunidades, desde Palena, Chiloé, Puerto Montt, Puerto Varas y otros puntos de la región, plantearan directamente sus inquietudes a quienes aspiran a representarlas. La universidad pública, al abrir sus puertas, dio un paso más hacia la democracia ambiental: permitir que el aula deje de ser solo para estudiantes y se transforme en foro de decisiones colectivas.
Convocatoria e intervención política
Se invitó a todos los candidatos del D26, pero solamente se presentaron seis. De ellos, ninguno es parlamentario hoy en ejercicio, y quienes buscan la reelección —o quienes provienen del oficialismo— decidieron no asistir ni siquiera excusarse, lo que evidencia una preocupante desconexión con las demandas medioambientales de la ciudadanía.
Estuvieron presentes: tres candidatos de la Federación Regionalista Verde Social, uno del Partido Comunista de Chile – lista que respalda a la candidata Jara –, uno del Partido de la Gente y uno del Partido Social Cristiano.
Los bloques temáticos de la jornada abordaron las problemáticas ambientales más urgentes del territorio: métodos de cultivo de salmón, hidroeléctricas, industria forestal, planificación de zonas rurales, y también la falta de financiamiento para conservación y áreas silvestres. Las preguntas habían sido elaboradas por organizaciones y ciudadanos, sorteadas en el momento entre los candidatos y formuladas de forma aleatoria: una dinámica que puso en evidencia posiciones reales más allá de discursos ensayados.
¿Qué mostraron los candidatos?
Aunque se escuchó unánimamente que “el medio ambiente es importante”, lo que quedó claro es que no hay consenso sobre cómo abordarlo.
Algunos candidatos mostraron una trayectoria real de activismo, relaciones con las comunidades y conocimiento territorial. Otros, en cambio, revelaron desconocimiento o indefinición respecto a cómo legislar, normar o articular políticas de conservación frente al modelo extractivista vigente.
La tensión se volvió explícita cuando la candidata del Partido Social Cristiano planteó que, de llegar al parlamento, su bancada revisará o modificará los tratados internacionales, incluyendo el Acuerdo de Escazú, lo que coloca en riesgo la protección de defensores ambientales y debilita la democracia ecológica.
También se puso en discusión la intención de sectores de extrema derecha de eliminar el Ministerio del Medio Ambiente, para transformarlo en una subsecretaría dependiente del Ministerio de Agricultura —un cambio institucional que sometería la conservación al criterio del negocio y la producción, justo cuando se está traspasando la Corporación Nacional Forestal (CONAF) al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Esta propuesta representa un retroceso en la protección de los territorios más frágiles.
Radiografía de las propuestas políticas
Federación Regionalista Verde Social (FRVS)
El FRVS apuesta por una “recuperación verde”: descentralización, fortalecimiento del poder regional, transición energética, y políticas de justicia ambiental. En el marco de temas como salmón, forestales o hidroeléctricas, propone reglamentaciones más duras, zonas de no intervención y planificación ecológica con participación de las comunidades. En ese sentido, encarna un discurso de cambio más profundo que la mera compatibilización del modelo extractivo.
Partido Comunista (PC) – oficialismo
El PC, por su parte, integra el bloque gobernante y ha hecho de la justicia social y de la infraestructura pública un eje de campaña. Su discurso ambiental reconoce la crisis ecológica y apoya instrumentos como Escazú, pero en la práctica continúa habilitando proyectos de exportación de recursos, lo que genera una ambivalencia entre la transformación del modelo y su continuidad regulada.
Partido de la Gente (PDG)
El PDG centra su propuesta en “la gente primero”, procesos participativos y modernización del Estado, pero carece de una agenda ecológica robusta. En relación al debate, tiende a ver los sectores de salmón, forestales o hidroeléctricas como fuentes de empleo más que como conflictos territoriales; y no ha presentado estrategias claras sobre financiamiento de áreas protegidas o reformas profundas en conservación.
Partido Social Cristiano (PSC) y el bloque de extrema derecha
Este bloque representa la amenaza más grave al estado ambiental actual: propone fusión o reducción del Ministerio del Medio Ambiente con otros poderes productivos, desregulación del negocio extractivo y debilitamiento de los tratados internacionales. Su postura pone en riesgo institucionalidad, participación ciudadana y derechos de los defensores ambientales.
¿Qué modelo queremos defender?
En un territorio como el sur de Chile —travesado por la salmonicultura intensiva, la expansión forestal, megaproyectos hidroeléctricos y la especulación inmobiliaria sobre campos y humedales— el voto ambientalmente informado ya no es un lujo: es una necesidad.
Las propuestas oficiales de los candidatos muestran caminos muy distintos: desde quienes buscan recuperar lo público, poner límites al extractivismo y legislar junto a las comunidades, hasta quienes están dispuestos a reducir el Ministerio del Medio Ambiente a una oficina subordinada a los negocios.
La pregunta a formularnos ya no es solo qué dicen los candidatos en un escenario universitario, sino qué modelo de territorio queremos defender y qué tan dispuestas están las futuras bancadas a legislar junto a las comunidades que hoy sostienen, con denuncias, oficios y resistencia cotidiana, la protección de ríos, bosques, mares y humedales del sur de Chile.
Revisa el debate
Si quieres revisar el debate y su contexto revisa la transmisión disponible en youtube
