Después de cuatro años de proceso judicial, la demanda contra Colbún S.A. consiguió que la justicia chilena reconociera la existencia de daño ambiental en el Lago Chapo. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en enero de 2026. Sin embargo, el proceso todavía tiene una etapa fundamental pendiente: aprobar y ejecutar las medidas que permitan reparar el ecosistema afectado. Una nueva resolución del Tribunal Ambiental, dictada el 6 de noviembre, abre otro capítulo en esta historia.
Un lago que durante años ha soportado los efectos de la generación eléctrica
Ubicado en la comuna de Puerto Montt, el Lago Chapo es mucho más que un paisaje natural. Sus aguas, bosques y riberas forman parte de un sistema ecológico vinculado al territorio cordillerano de la Región de Los Lagos, donde también se encuentran el Parque Nacional Alerce Andino y la Reserva Nacional Llanquihue.
Durante décadas, el lago ha estado asociado al funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Canutillar, operada por Colbún S.A., que utiliza sus aguas para generar electricidad.
El conflicto ambiental se relaciona con las fluctuaciones del nivel del lago producidas por esa operación. La disminución de las aguas dejó expuestos sectores del fondo lacustre y afectó las condiciones naturales de las riberas.
No se trata únicamente de un problema paisajístico.
El Tercer Tribunal Ambiental estableció que las fluctuaciones pronunciadas de la cota provocaron daños sobre componentes ambientales del borde lacustre, incluyendo suelos y vegetación, comprometiendo la capacidad de recuperación de estos ecosistemas.
La demanda que cambió el escenario
En enero de 2022, Sociedad de Inversiones Metawe SpA presentó una demanda por reparación de daño ambiental contra Colbún S.A. ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.
El procedimiento, identificado con el rol D-4-2022, puso bajo examen las consecuencias de la operación hidroeléctrica sobre el Lago Chapo.
Después de más de tres años de tramitación, el 22 de mayo de 2025 el Tribunal acogió la demanda y estableció que Colbún había causado un daño ambiental que debía reparar.
La sentencia también concluyó que la empresa no había empleado el estándar de conducta exigible para evitar el daño ni adoptado medidas efectivas y oportunas para repararlo.
Este pronunciamiento fue especialmente significativo: la discusión dejó de centrarse exclusivamente en las denuncias sobre la degradación del lago y pasó a contar con una determinación judicial de responsabilidad ambiental.
La Corte Suprema confirmó el fallo
Colbún recurrió contra la sentencia del Tribunal Ambiental, buscando impugnar sus conclusiones y obligaciones.
Sin embargo, el 22 de enero de 2026, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el recurso de casación en el fondo.
Con ello, se mantuvo la sentencia que reconoció el daño ambiental y ordenó su reparación.
La Corte también respaldó que, dentro de las medidas reparatorias, se incluyera la evaluación ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la actualización de las variables de operación de la central.
Esto tiene una consecuencia importante: disponer de autorizaciones históricas para operar no elimina la responsabilidad por daños ambientales acreditados judicialmente.
¿Qué debe hacer Colbún para reparar el daño?
La sentencia estableció cuatro objetivos principales para el Plan de Reparación:
Establecer condiciones de operación provisionales.
Regular el funcionamiento de la central para reducir el riesgo de que continúe produciéndose daño ambiental.
Implementar medidas que contribuyan a restaurar las condiciones biofísicas de las riberas y del paisaje afectado.
Evaluar ambientalmente las condiciones de operación.
Someter al SEIA la actualización de las variables operacionales para una gestión sostenible de la cuenca lacustre.
Informar a las comunidades.
Socializar los estudios, las acciones y las medidas que contemple el Plan de Reparación.
Estas obligaciones plantean una discusión que va más allá de recuperar determinadas zonas erosionadas: también es necesario examinar las condiciones operacionales que originaron el daño.
Una nueva controversia: el uso del agua en situaciones de emergencia eléctrica
En agosto de 2026, Colbún solicitó flexibilizar temporalmente las condiciones de operación de Canutillar, particularmente la cota mínima provisional de 231 metros sobre el nivel del mar.
La petición se relacionó con requerimientos del Coordinador Eléctrico Nacional y la posibilidad de utilizar el recurso hídrico en situaciones de emergencia del sistema eléctrico.
El 11 de septiembre, el Tribunal Ambiental accedió parcialmente a esa solicitud, pero estableció restricciones.
La operación bajo la cota mínima solo podría realizarse en situaciones extraordinarias formalmente calificadas mediante los instrumentos señalados por el Tribunal. Una instrucción del Coordinador Eléctrico Nacional, por sí sola, no sería suficiente para justificarla.
También se dispusieron obligaciones de información periódica sobre las condiciones de operación, las fluctuaciones del lago y el seguimiento ambiental cuando correspondiera.
Este episodio demuestra que la relación entre la generación hidroeléctrica y la protección del Lago Chapo sigue siendo un asunto activo.
La seguridad del suministro eléctrico constituye una necesidad pública, pero las decisiones excepcionales deben compatibilizarse con las obligaciones de protección y reparación ambiental establecidas judicialmente.
Noviembre de 2026: ¿en qué estado se encuentra la demanda?
CRONOLOGÍA DEL PROCESO
20 de enero de 2022
Ingreso de la demanda por reparación de daño ambiental contra Colbún.
22 de mayo de 2025
El Tribunal Ambiental acoge la demanda y ordena preparar un Plan de Reparación.
22 de enero de 2026
La Corte Suprema rechaza los recursos de Colbún, manteniendo la sentencia.
11 de septiembre de 2026
El Tribunal autoriza una flexibilización operativa limitada a determinadas emergencias.
6 de noviembre de 2026
El Tribunal confiere traslado respecto de una solicitud para tener por aprobado el Plan de Reparación.
La última resolución, emitida el viernes 6 de noviembre de 2026, es relevante porque muestra que el procedimiento de aprobación del plan continúa ante el Tercer Tribunal Ambiental.
El Tribunal señaló:
Téngase por presentado, traslado respecto de la solicitud de tener por aprobado el plan de reparación.
En términos sencillos, significa que el Tribunal ha dado curso a la solicitud y ha abierto la oportunidad procesal para que la contraparte responda antes de adoptar una decisión.
Esto no significa que el plan esté aprobado ni que el daño ambiental ya se encuentre reparado.
La resolución tampoco permite conocer, por sí sola, los fundamentos técnicos del plan, la respuesta de la contraparte o los plazos concretos de esta etapa.
