Por Ecologistas del Sur
El Senado chileno aprobó recientemente, con apoyo transversal de la mayoría de los partidos políticos, el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una iniciativa que promete acelerar la tramitación de proyectos de inversión mediante una ventanilla única digital, normas comunes de procedimiento y nuevos mecanismos como el «silencio administrativo positivo» y la sustitución de permisos por simples declaraciones juradas.
Aunque sus promotores insisten en que no reduce los estándares ambientales, lo cierto es que esta ley representa una amenaza estructural a la protección ambiental, a la participación ciudadana y al rol fiscalizador del Estado.
¿Qué cambia esta ley?
Permite que ciertos permisos sectoriales se reemplacen por declaraciones juradas, sin evaluación previa de ningún organismo técnico.
Introduce el silencio administrativo positivo: si una autoridad no responde a tiempo, el permiso se considera aprobado automáticamente.
Establece una invariabilidad normativa de hasta 8 años tras la aprobación ambiental, congelando posibles avances en regulación.
Crea una Oficina de Coordinación de Permisos Sectoriales dependiente del Ministerio de Economía, que monitoreará y agilizará la emisión de permisos, priorizando criterios de inversión por sobre criterios socio-ambientales.
Permite la tramitación paralela de permisos, eliminando secuencias de evaluación que en muchos casos garantizaban análisis más rigurosos.
Las implicancias ambientales: ¿qué está en juego?
En el corto plazo:
Proyectos de alto impacto podrían avanzar sin una revisión efectiva de sus efectos en el agua, los suelos o la biodiversidad, especialmente si sus permisos se «obtienen» por silencio administrativo o declaración jurada.
Los servicios públicos colapsados o con baja dotación técnica podrían verse forzados a “aprobar por defecto” proyectos que no han tenido evaluación.
Se debilita la fiscalización previa y se apuesta a una fiscalización posterior que, en la práctica, rara vez tiene capacidad de revertir daños ya producidos.
A mediano y largo plazo:
Esta ley podría normalizar una lógica de des-regulación encubierta, donde el Estado deja de ser garante del bien común para convertirse en facilitador de intereses privados.
Se corre el riesgo de legalizar impactos negativos irreversibles sobre cuencas hídricas, ecosistemas frágiles y territorios habitados, en nombre de la inversión “ágil”.
La ciudadanía queda relegada a un rol pasivo, mientras la toma de decisiones se centraliza aún más en la lógica ministerial y tecnocrática.
Voces en alerta: lo que dijeron parlamentarios y organizaciones
La senadora Yasna Provoste fue enfática en advertir que la ley pone en riesgo la evaluación ambiental y el principio de precaución:
“El silencio administrativo positivo podría abrir la puerta a la aprobación automática de proyectos que generan daño ambiental. No podemos legislar en contra de las comunidades ni de los territorios.”
El senador Alfonso De Urresti (PS) también manifestó su preocupación:
“Esta ley debilita la institucionalidad ambiental en nombre de la inversión rápida. Es una visión tecnócrata que minimiza el rol de las comunidades y de los servicios públicos en la protección de nuestro patrimonio natural.”
Desde el movimiento socio-ambiental, las críticas no han sido menos duras. Camila Zárate, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), alertó:
“Esta es una verdadera motosierra ambiental, que pretende sustituir la evaluación ambiental por simples declaraciones juradas, aprobar proyectos por silencio administrativo y eliminar la participación de las comunidades. Todo en favor del extractivismo.”
Por su parte, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, destacó la falsedad del diagnóstico usado para justificar esta ley:
“El problema no está en los permisos ni en el Estado, sino en las mismas empresas que ingresan mal sus proyectos y luego piden suspensiones. Esta ley responde más al lobby empresarial que a una necesidad real.”
¿Qué se puede hacer ahora?
Aunque el proyecto ha sido aprobado por el Senado, aún falta su revisión final en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es clave generar presión ahora, antes de que esta ley se convierta en realidad.
Emplazamos a nuestras diputadas y diputados a votar en contra del proyecto
Estos son sus nombres. Les recordamos su deber con el territorio y la ciudadanía que los eligió:
Emilia Nuyado (PS) – Diputada de origen mapuche‑huilliche, con trayectoria en defensa de derechos indígenas y ambientales.
Héctor Barría (PDC) – Electo por la Democracia Cristiana, conocido por su enfoque en temas rurales, con un perfil moderado en lo ambiental.
Daniel Lilayu (UDI) – Militante de la UDI, ha promovido proyectos de infraestructura y salud, pero con escasa intervención en debates ambientales locales .
Harry Jürgensen (Independiente, ex‑RN) – Representante de extracción empresarial, manifiesta una postura pro‑inversión.
Mauro González (RN) – Militante de Renovación Nacional, ha defendido proyectos inmobiliarios y empresariales con poco énfasis en aspectos ambientales.
Jaime Sáez Quiroz (Frente Amplio / RD) – Activista ambiental, actual presidente de la comisión de Obras Públicas y miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con historial de defensa ecológica.
Alejandro Bernales (PL) – Del Partido Liberal, con bajo perfil en temas ambientales hasta la fecha.
Fernando Bórquez (Ind‑UDI) – Electo como independiente cercano a la UDI, con historial de apoyo a agendas productivas y poca postura ambiental pública.
¿Qué exigimos?
Les pedimos que no aprueben esta ley, que se pronuncien públicamente en contra, que escuchen a sus comunidades y que no voten bajo presión de lobbys empresariales. Que recuerden que fueron elegidos para representar a personas, no a intereses económicos.
La Región de Los Lagos necesita restauración ecológica, fiscalización seria, protección de sus aguas y bosques, y no más leyes que agilicen la destrucción del territorio.
🔸 Organízate y difunde información: comparte esta nota y otras fuentes que alertan sobre el retroceso ambiental que implica esta ley.
🔸 Contacta a tus diputadas y diputados y exige que voten en contra del proyecto en su forma actual.
🔸 Solicita audiencias públicas y pronunciamientos desde organizaciones ambientales, científicas y sociales.
🔸 Presiona en redes sociales y medios locales, etiquetando a autoridades y usando hashtags como #NoALaLeyMotosierra, #JusticiaAmbiental, #DefiendeTuTerritorio.
🔸 Activa a tu comunidad: si formas parte de una organización territorial, junta de vecinos o agrupación ambiental, impulsa comunicados conjuntos, actividades públicas, intervenciones simbólicas o cabildos.
No hay desarrollo posible sin naturaleza
Agilizar no puede ser sinónimo de arrasar. Los territorios, las comunidades y los ecosistemas necesitan más resguardo, no menos. Esta ley abre la puerta a una lógica donde se minimiza la participación y se maximiza la velocidad, incluso a costa de la vida.
Hoy más que nunca necesitamos una ciudadanía activa, informada y movilizada.
La defensa del agua, del bosque, del territorio y del futuro no puede esperar.
